Estado oligárquico y crisis política

Por Eduardo Paredes A.

El Ecuador es un Estado oligárquico. Esto tiene como consecuencia el que la mayoría de sus habitantes esté excluida de la conducción política, de la participación y de los beneficios del desarrollo económico. A pesar de los avances en los últimos años, situaciones de injusticia y falta de equidad permanecen como constantes de nuestra realidad nacional.

Decir que estamos regidos por un Estado Oligárquico, es sostener que los grupos monopólicos que conforman este régimen han sobrevivido a las fuerzas que desde la sociedad los han enfrentado, y han sido inmunes a las propuestas ideológicas y programáticas que cuestionan esta anti democrática realidad.

Los intentos por enfrentar con éxito esta situación han fracasado. Ni el sindicalismo de izquierda (FUT de los 70s), ni el levantamiento indígena y sus consecuencias (CONAIE de los años 90s), ni la resistencia ciudadana al neoliberalismo en el Ecuador (1983 – 2007), ni la lucha de sus representaciones políticas: partidos y movimientos de las izquierdas, ni tampoco la Revolución Ciudadana en diez años de gobierno, lograron romper el régimen oligárquico.

Desde la década de los años 90, cinco grupos ligados al capital financiero y que además son sobrevivientes a la crisis bancaria, consolidaron sus posiciones como grupos oligárquicos. Tres de ellos tienen su asiento en la ciudad de Guayaquil y dos lo hacen desde sus sedes en la ciudad de Quito. Los cinco ejercen su poder a nivel nacional, ensayan diversas interacciones con el capital transnacional y expanden sus negocios a nivel regional o iberoamericano. Son los dueños del Ecuador.

Decir que el Partido Socialcristiano, de Jaime Nebot; el PRIAN de Álvaro Noboa; y, CREO de Guillermo Laso es la representación política de tres agrupaciones oligárquicas en Guayaquil, no extrañaría a nadie en el Ecuador. Un poco más difícil de describir resultan los dos grupos quiteños, por lo confuso de su representación política en los últimos años, pero produce el mismo efecto si lo que mencionamos es el Banco del Pichincha y la figura de Fidel Egas; y Produbanco y las figuras de Abelardo Pachano y el grupo económico de Rodrigo Paz, los Pintos, etc., todos declarados neoliberales y actores políticos en las últimas décadas. Una investigación más precisa y detallada revelaría detalles sorprendentes del cambio de propiedad accionaria en cada uno de estos grupos, especialmente por sus vinculaciones internacionales, pero la definición de grupo oligárquico tiene que ver con su poderío e influencia política, y esta característica no parece haber variado en los personajes mencionados.

Desde hace ya cerca de tres décadas luchan entre sí por hacerse del poder del Estado e imponer su hegemonía. Entre 1996 y el año 2007 el país vivió una profunda crisis política, evidenciada en el derrocamiento de cuatro presidentes constitucionales, mediante golpes de estado con intervención de las Fuerzas Armadas, convertidas en “árbitros del sistema democrático”, o lo que sería más preciso decir, como réferis de las disputas inter oligárquicas; o de las rencillas de las oligarquías con otras facciones de la burguesía ecuatoriana a las que hay que llamar no oligárquicas.

Y es en este hecho: la existencia de grupos oligárquicos enfrentados entre sí y confrontados además con sectores empresariales no oligárquicos, que se generaron las condiciones objetivas que hicieron posible el triunfo de un gobierno de las características del que dirigió el ex presidente Rafael Correa.

Todo el espectro empresarial no oligárquico del gran comercio; casi toda la gran y mediana industria, incluida la naciente gran agroindustria vinculada a empresas transnacionales; e inclusive facciones de importadores y exportadores que requerían urgentemente ser regularizados por el constante crecimiento de sus negocios, (los grupos oligárquicos los perseguían por contrabandistas); respaldaron los pasos iniciales de lo que se dio en llamar la Revolución Ciudadana. Evidentemente había un sector no oligárquico en el empresariado ecuatoriano.

Para el momento de las elecciones del 2006, el casi desaparecido centro político y las sobrevivientes organizaciones de las izquierdas, así como importantes líderes populares entendieron que se había encontrado una salida democrática a la crisis política y supusieron que el proceso que se abría nos conduciría a esas grandes alamedas de las que nos habló el presidente Salvador Allende en su hora final.

En el Ecuador actual, esas mismas fuerzas empresariales no oligárquicas nos gobiernan, con el agravante de que han preferido acordar con facciones de la oligarquía, despreciar lo que se hizo bien en el gobierno anterior y ensayan una serie de medidas económicas gradualistas, en un intento por conservar la gobernabilidad y el régimen democrático.

La crisis política continúa. Cinco grupos oligárquicos se disputan lo que consideran la batalla final por el poder político en el Ecuador; toda vez que suponen una revolución derrotada, y que tendrán éxito en el intento por desprenderse del equipo económico gubernamental, al que consideran demasiado tibio en sus medidas económicas gradualistas. Con facilidad han dado un mini golpe de Estado contra una vicepresidente de la República; y, todas las facciones de la burguesía han acordado entregar esta alta dignidad a uno de los grupos oligárquicos en lucha; para garantizar, esta vez sí, una salida oligárquica a la crisis política, consensuada y, según ellos, legítima.

Ante este panorama, las elecciones seccionales si importan. La batalla por los gobiernos de Quito y Guayaquil será determinante para las aspiraciones de los grupos oligárquicos en el año 2021, porque la fiesta ya está armada para colocar a un gerente general de los negocios de los grupos oligárquicos de la Sierra como alcalde de Quito; y, los social cristianos aspiran a mantener su hegemonía en Guayaquil.

Me parece que la tarea es evitar que cumplan sus objetivos. Junto a movilizarnos y organizarnos para rechazar las medidas anti populares, haríamos bien en ganar las elecciones, apoyando y votando por candidaturas que no pertenezcan a los grupos oligárquicos o sean auspiciadas por ellos o sus partidos.

Por definición la democracia es incompatible con la oligarquía.