El quinto poder del Estado más allá de los titulares

Por: Hugo Ortiz

Licenciado en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional, Ecuador. Actualmente, Maestrando en segundo año en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Entre lo transitorio y lo duradero: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ¿una alianza efectiva con el morenismo?

En los últimos días, José Carlos Túarez, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha sido trending topic en los medios de comunicación ecuatorianos. A pesar de contar con pocos días en el cargo, el titular de CPCCS ya ha propuesto varias acciones que han molestado a los poderes centrales: desde la fiscalización al anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), hasta la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, antes de lanzarnos al ojo del huracán de Túarez y del CPCCS, volvamos al pasado por un instante, específicamente a la consulta popular del 4 de febrero de 2018, en la que se propuso por vez primera reformar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) existente, por uno transitorio. Este último tendría por encargo, en el lapso de aproximadamente un año, la evaluación y, de ser necesario, la destitución de las principales entidades de control del país, tales como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, entre otras.

Para el 28 de febrero del año en curso, entró en funciones el CPCCST. Pocos días después ya se había cesado del cargo al Superintendente de Economía Popular y Solidaria (Patricio Rivera), al Superintendente de Información y Comunicación (Carlos Ochoa) y al Presidente del Consejo de la Judicatura (Gustavo Jalkh); tres de los funcionarios que Moreno había heredado del gobierno anterior; posteriormente se nombró como Contralor Subrogante a Pablo Celi, y como Fiscal a Diana Salazar, conocidos por una marcada postura de oposición al gobierno anterior; inclusive, ésta última llevó el caso de corrupción contra Jorge Glass, por lo cual ganó notoriedad en los medios de comunicación locales.

Voluntad popular sin papeletas.

Desde el momento de la posesión de los consejeros del CPCCST, se percibió un gran vacío en la legitimidad y en la autonomía del organismo, condiciones que debían ser obligatorias para la conformación del Consejo; esto porque fue el ejecutivo, y no la población en general, quien, con ayuda de algunas organizaciones de la sociedad civil, armó las listas de las siete ternas que fueron sometidas a votación del legislativo, de las cuales se seleccionaron a los siete miembros que conforman, hoy por hoy, el organismo de control.

Antes de la Consulta popular del 2018, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eran seleccionados de entre los principales representantes de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, pasando por un concurso público de méritos y oposición, y con ayuda de veeduría ciudadana. Sin embargo, después del Referéndum, se propuso que la designación de las autoridades del CPCCS, se elijan mediante sufragio popular

Lo que resulta interesante de todo esto, no es el proceso de elección, sino el de selección, ya que la mayoría de los miembros del Consejo, mucho antes de ser escogidos para tal dignidad, presentaron una postura de distanciamiento y oposición con el gobierno de Rafael Correa.

A pesar de la elección indirecta de los Consejeros, el fallecido presidente del Consejo (Julio César Trujillo),  declaró, en varias ocasiones, que representa a la voluntad popular, sin siquiera haber pasado por las urnas; pero, lo más peligroso es que en base a esta creencia de legitimidad absoluta, los Consejeros se han dado la potestad de interpretar la ley sobre las atribuciones examinadoras del consejo, ampliando su campo de acción; pasando de controlar, fiscalizar y deponer, a designar autoridades de control transitorias, figura legal inexistente en la legislación ecuatoriana. Esto pareció no molestar ni a Lenin Moreno, ni a los medios de comunicación tradicionales, quienes jamás se pronunciaron objetivamente ante lo mencionado.

Alianzas, coyuntura y oportunismo:

Ahora bien, una de las razones por las cuales el Presidente no reaccionó ante el actuar del CPCCST, puede encontrarse en el interés del ejecutivo por mantener de su lado al quinto poder, lo cual tiene sentido cuando se entiende que Moreno, quien se presentó como candidato a la presidencia del Ecuador impulsado por el partido de Correa; necesitaban quitarse de encima a las autoridades de control que había heredado del gobierno anterior.

Cuando surgen los primeros casos de corrupción, existía ya un distanciamiento entre el oficialismo y los sectores correístas. La consulta popular del 4 de febrero y la conformación del CPCCST evidencia un quiebre absoluto de la relación Correa–Moreno, además de dar cuenta de un intento por retomar las instancias de control del país por parte del oficialismo morenista, al mismo tiempo que se intentó reducir la popularidad de las facciones afines a Correa, mediatizando cada caso de corrupción hallado por los miembros del Consejo.

Moreno, por su parte, pareció aprobar las acciones del CPCCST, lo que se demostró en varias ocasiones cuando el mandatario felicitó la actuación del ente de control, lo cual es de esperase, ya que el Consejo le ha quitado de encima a varios de los funcionarios más importantes del correísmo.

Es de esta manera que el CPCCST se transformó en el brazo ejecutor del ejecutivo, congelando y manteniendo una determinada manera de hacer política basada a la consigna de “lucha contra la corrupción”, gracias a la cual, el CPCCST se presentó ante la opinión pública como como una entidad insigne y hasta hiper moralista.

El CPCCST como el martillo de Moreno

La lucha de Moreno en contra de la corrupción, puede traducirse como la lucha contra la sombra del gobierno anterior. Desde que Moreno ingresó al palacio de gobierno, varios han sido los cambios en las diferentes instancias de la administración pública; uno de los más polémicos fue el juicio político que el legislativo llevó contra el ex contralor Carlos Pólit.

Estas alteraciones y distanciamientos entre la forma de hacer política de Moreno y la de Correa, dan cuenta del intento del oficialismo por imponer un winset determinado, es decir, derrotar al antiguo statu quo y remplazarlo por uno nuevo, el cual estaría basado en una cortina de humo, denominada como “cirugía mayor a la corrupción”, impronta que Moreno parece sustentar como el eje de su discurso político y que está por demás decir, se acopló a la perfección con las funciones que desarrolló el CPCCST.

No es difícil entrever como Moreno instrumentalizó al CPCCST; primero reformando, mediante consulta popular, el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrando nuevos miembros, los cuales pertenecieron, en su mayoría a sectores opositores al correísmo; segundo, dándole voz a la lucha contra la corrupción en la figura del fallecido Julio César Trujillo, y tercero, no intercediendo ante el actuar del Consejo cuando extralimitó las funciones para las que fue electo.

El CPCCS, una espina en el zapato del oficialismo  

La labor casi inquisidora del CPCCST al parecer ha terminado, sin embargo la del gobierno no, pues si bien es cierto el CPCCST logró cambiar a las principales autoridades de las entidades de control del país, tales como: la Controlaría, nombrando a un contralor transitorio, la Procuraduría, la Superintendencia de Control de Mercado, la Superintendencia de Comunicación, el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, y Fiscalía General del Estado; hoy por hoy éstos logros obtenidos por el Consejo Transitorio se ven en riesgo, sobre todo cuando el recién nombrado CPCCS, ha presentado una postura autónoma con respecto al gobierno, lo que al parecer molestó al morenísmo.

Esto sin duda no debería resultar extraño pues José Carlos Túarez, actual presidente de la entidad de Control Social, propuso en los últimos días fiscalizar al anterior CPCCST, al igual que los altos directivos que la entidad cesada nombró. Las declaraciones de Túarez sin duda molestaron al gobierno central a tal punto que la Secretaría de Comunicación impidió que éste presentara una cadena nacional.

Según la entidad estatal de comunicación, la prohibición se impuso por que la cadena nacional contenía un “mensaje sagrado”.  Sin embargo, de acuerdo a una regrabación del video censurado por la SECOM y compartido por el portal PolitiHacksEc en twitter, el titular del CPCCS, quien por cierto es profesión sacerdote, reveló que los archivos del anterior CPCCST habían desaparecido y que se buscaba desde el oficialismo deslegitimar las funciones que cumplía el actual CPCCS.

El 25 de junio del año en curso, la Asamblea Nacional impulsó un juicio político contra Túarez, inclusive se recabaron las firmas necesarias para iniciar el proceso judicial, pero ¿se puede llevar a cabo un juicio político desde la Asamblea Nacional a una dignidad electa por voto popular?, la respuesta razonable es no, 1) porque no vivimos bajo un sistema parlamentario en donde las dignidades son electas de forma indirecta, y 2) porque Túarez fue electo mediante un proceso democrático, anular su nombramiento significaría violentar la democracia.

La única causal para destitución, puede abocarse a incumplimiento de funciones, cosa que hasta el momento Túarez no ha demostrado. Aun así, si Túarez llegara a ser destituido, la situación sería aún peor, pues nos enfrentaríamos a un plano político similar al de los 90s, cuando las instituciones eran tan débiles que la ingobernabilidad era moneda corriente en el país, y si alguien llegaba a gobernar, era por la cantidad de favores que logró recabar.

Ahora bien, los medios de comunicación tradicionales, quienes por cierto han emprendido una campaña mediática en contra de todo el antiguo establishment, han presentado ante el imaginario colectivo a un José Carlos Túarez incapaz para el cargo que ostenta, no obstante, no se les debería olvidar que fue el CNE quien evaluó las carpetas de los candidatos al CPCCS y que el error, si hubiese tal, proviene de la entidad electoral.

La presión ante el CPCCS es tal, que inclusive desde los sectores de la oposición se ha llegado a proponer como necesaria una consulta popular para llamar a una Asamblea Constituyente y eliminar el CPCCS, obviamente la cortina de humo es la reciente aprobación del matrimonio igualitario.

El problema de fondo de toda esta cuestión, no tiene que ver con las disputas internas entre los poderes del Estado, sino en el desconocimiento de las atribuciones y la importancia que cumple el CPCCS, la mayor parte de los ciudadanos de pie se preguntan ¿para qué sirve el CPCCS?, ¿es necesario un quinto poder? Esperemos que el desconocimiento y las campañas mediáticas, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, en contra del organismo de control social, no acaben de nuevo con un Presidente que controla al control.

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