De criminales a ciudadanos (de segunda categoría)

Por Marco De La Cruz Pazmiño

Asesor jurídico, de imagen pública y comunicación política estratégica. Activista por la defensa de los Derechos humanos con enfoque en la población GLBTI

No fue sino hasta el 27 de noviembre de 1997 que en Ecuador, a consecuencia de las muertes y desapariciones de personas GLBTI, sobre todo de personas trans, nació la preocupación por parte de la sociedad para reaccionar ante estas evidentes vulneraciones de derechos; ahí la unión, la perseverancia y visibilización social jugaron papeles importantísimos para que el Tribunal Constitucional del Ecuador (Hoy Corte Constitucional del Ecuador), derogara el segundo inciso del artículo 516 del Código Penal, que tipificaba la homosexualidad como delito, donde por ejemplo yo que nací en 1992, nací siendo un criminal, ya que si hubiera sido socialmente visible en ese entonces podría haber recibido una pena de 4 a 8 años de prisión.

Gracias al activismo y la incidencia socio política de quienes estuvieron presentes en todo ese proceso es que hoy tenemos los derechos que la Constitución y la ley dicen que se nos garantiza, sin embargo, la discriminación, exclusión y estigma a quienes conformamos la comunidad GLBTI, existe hasta la fecha y contra eso se debe luchar hasta lograr su erradicación total.

Sin duda, uno de los elementos que hacen que la relación entre el Estado y la sociedad civil den resultados prósperos es la diversidad de criterios, ya que retroalimentan cada una de las interacciones entre estos; así también, otro factor primordial es el respeto, actuando de forma tal que se garantice los derechos de cada uno de estos actores en todas sus diversidades.

Tal es así que diez años más tarde con la Constitución de Montecristi, como respuesta a las demandas que se dieron por parte de organizaciones GLBTI ante la evidente vulneración de derechos por parte del Estado, finalmente se garantizó igualdad sin discriminación alguna por razones de orientación sexual o identidad de género, y sobre todo un hito muy importante fue el que se permita por primera vez la unión de hecho entre parejas del mismo sexo.

Aparentemente esta Constitución se jacta de ser la más garantista y vanguardista de la región pero no ha dejado de lado la línea heteronormativa vigente aún en Ecuador, ya que en la práctica se nos ha impuesto dos grandes candados constitucionales como son el matrimonio y la adopción para quienes conformamos las diversidades sexo genéricas, impidiendo de tal forma que se logre una igualdad real de oportunidades para este colectivo, únicamente por tener una orientación sexual o identidad de género diferente a la  hegemónica.

Con este contexto, se puede evidenciar que si bien se ha avanzado paulatinamente en cuanto a reconocimiento de derechos de las personas GLBTI del Ecuador, aún queda mucho por hacer, sin embargo, y lo más importante a destacar es que nada de esto sería posible, sin la presión e incidencia socio política por parte de organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes, no sólo GLBTI sino también por parte de personas heterosexuales respetuosas y conscientes de que todos merecemos los mismos derechos, quienes con la utilización de múltiples mecanismos y estrategias que iban desde plantones, foros, intervención en calidad de terceros en procesos judiciales e inclusive a costa de sus vidas inocentes, se ha podido lograr todo lo que hoy tenemos en nuestro país.

Por lo tanto, la participación política de la sociedad civil ecuatoriana GLBTI o no, ha sido sin duda alguna trascendental ya que a su vez ha permitido que muchos anhelos de tener una igualdad real de derechos se consolide, al menos parcialmente, ya que continuamos siendo ciudadanos de segunda categoría, porque se nos sigue negando derechos con el pretexto de decir que ello para nosotros “son privilegios”.

Lamentablemente estamos en una sociedad que mucha de las veces no actúa por su propia iniciativa y espera a que acontecimientos drásticos ocurran, para ahí recién intervenir y preocuparse por esa realidad para pretender evitar futuros desastres.

Fue así que, ocho años más tarde, impulsados por ese sentimiento de impotencia por la cruel masacre ocurrida en Orlando en junio de 2016, que fue lo que realmente sensibilizó no sólo a Ecuador sino al mundo ya que debido a la homolesbobitransfobia se perdieron decenas de vidas inocentes, junto con un grupo de representantes de colectivos GLBTI del país, activistas independientes, organizaciones de la sociedad civil y legisladores que actuaron de una manera humanista, logramos que en la Asamblea Nacional del Ecuador se aprobara por unanimidad una Resolución que se solidariza con las víctimas de las decenas de muertos que históricamente tuvimos en nuestro país antes de la despenalización de la homosexualidad y que como reconocimiento simbólico declara el 27 de noviembre como Día Nacional de las Diversidades Sexo-Genéricas, en homenaje a las personas que injustamente fueron encarceladas, maltratadas y detenidas en nuestro país en esas fechas y como afirmación de la sociedad que aspiramos ser.

Todo lo que nos falta por lograr será nuestro motor para llevar y defender siempre nuestra bandera de lucha, porque “No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes”.